La comunicación de riesgos alimentarios plantea desafíos particulares

Para los expertos, la confianza constituye un parámetro clave en la comunicación de riesgos. Sin embargo, tras una serie de escándalos relacionados con la alimentación, el nivel de confianza del público en los responsables encargados de elaborar las políticas y la normativa descendió en toda Europa entre los años 1980 y 1990. En los últimos años, se ha recuperado cierta confianza gracias a la creación de autoridades de seguridad alimentaria, tanto a nivel europeo como nacional, informa Eufic.

La transparencia también es un término que se usa cada vez más como herramienta de comunicación de riesgos, pero existen opiniones enfrentadas en cuanto a su valor. Algunos especialistas y autoridades normativas consideran que la transparencia siempre debería alentarse para permitir que los consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa sobre temas que pueden afectar a su salud. Sin embargo, existe la opinión de que la transparencia no aumenta necesariamente la confianza del público, aunque la falta de transparencia lleva a la desconfianza.

Para que la transparencia resulte una herramienta útil en la comunicación de riesgos, no basta con que las autoridades normativas sean más abiertas y honestas. También es necesario que los responsables de la elaboración de políticas garanticen la participación del público y las partes interesadas, si estos lo desean. La participación del público y las partes interesadas plantea una serie de cuestiones. Una de ellas es el denominado proceso de "autoselección", en el cual las personas sólo participan en el ejercicio de consulta de manera voluntaria, informa Eufic.

A pesar de estas cuestiones, algunos expertos señalan que las técnicas de participación pública podrían ser mejoradas significativamente. Además, aunque el proceso de autoselección distorsione la muestra, los resultados obtenidos pueden ser positivos. En cualquier caso, es necesario seguir desarrollando e investigando sobre los resultados deseados y las consecuencias involuntarias que conlleva una mayor participación pública.

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