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El Tribunal Europeo trabaja con los documentos relacionados con la primera demanda contra la Comisión y Consejo de la Unión Europea por la "gestión inadecuada" durante el primer semestre de la crisis de la EEB. En total, 608 ganaderos se han acogido a esta iniciativa de la Unió de Pagesos, sindicato agrario catalán acogido en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a nivel estatal.
Durante los primeros seis meses de la crisis de las "vacas locas", desde diciembre de 2000 a mayo de 2001, los ganaderos que criaban vacuno vieron cómo la caída del precio de la carne en el mercado español, hasta de un 50%, influía de forma decisiva en sus economías ocasionando cuantiosas pérdidas. Hasta tal punto que en algunos casos se comentaba que era preferible tener un animal con la enfermedad, lo que implicaría haber recibido una subvención, que tener que vender la carne a un mercado a "precio de saldo".
En el resto de mercados de los países europeos el precio de la carne de vacuno sufrió un descenso similar. Pero la gran diferencia, según Josep Albina, del sindicato agrario catalán, fue que "en algunos países europeos, como Francia, la administración se acogió de forma inmediata a las ayudas que proporcionó la Unión Europa, algo que no ocurrió en el caso español". Según Albina, en España se recibieron ayudas para el engorde de terneras, "pero fueron cantidades no muy significativas" para el problema que se tenía.
Demanda pionera
Bajo la iniciativa de la Unió de Pagesos y COAG, algunos ganaderos, 608 en total, han decidido adoptar medidas legales. El despacho abogados Roca Junyent Advocats ha sido el que ha tramitado la gestión de la demanda, primera de estas características en Europa. El importe es de 30.050 ' (cinco millones de pesetas) por ganadero, en total 3.234 millones de pesetas. Este importe se ha calculado tomando como referencia los precios de la carne de vacuno vigentes durante los once primeros meses de 2000, que se han restado a los de los cinco primeres meses de 2001. Aunque el importe de cada ganadero varía según el volumen de la explotación y el ganado de cada propietario.
El fundamento de la demanda es un informe, presentado por el Parlamento Europeo, en el que refleja que la Comisión Europea no habría tomado las medidas preventivas adecuadas en la lucha contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). En el escrito del Parlamento se especifica que en plena "crisis de EEB" se decidió derogar la directiva por la que se obligaba a inspeccionar la calidad de los piensos del Reino Unido. El abogado Miquel Roca, en una comparecencia ante los medios de comunicación expresaba que "tras conocer los primeros casos de la enfermedad en el Reino Unido, las instituciones europeas actuaron de forma inadecuada".
En consecuencia, los organismos citados serían responsables de la crisis de la EEB en el ámbito europeo al no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación de la epizootia. Miquel Roca también explicó que, por razones políticas que no viene al caso investigar, no se adoptaron las medidas de control necesarias para la prohibición de las harinas cárnicas procedentes del Reino Unido.
Apoyos a la iniciativa
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cataluña, Josep Grau, ha dado su apoyo a esta iniciativa en comparecencia ante el Parlamento catalán. Durante la próxima semana, Unió de Pagesos buscará el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios, tanto a nivel catalán como español, según explica a Consumaseguridad Josep Albina. Y continúa que también se buscará el apoyo de las diferentes comunidades autónomas con importante cabaña ganadera.
El Tribunal Europeo ya cuenta con la documentación necesaria para revisar el caso y, según Albina, lo más importante ahora es que se admita la primera etapa del trámite, si bien el proceso "puede prolongarse hasta 24 meses", comenta Albina.
¿Sería este un ejemplo para la PPC?
Una gran parte de los ganaderos de esta demanda son catalanes, en su mayoría leridanos. Éstos han sufrido uno de los años más duros en comparación con años anteriores, ya que a la crisis de las "vacas locas" se ha sumado la Peste Porcina Clásica (PPC).
A la vista de la demanda en el caso de "vacas locas" cabría preguntarse si esta iniciativa se podría aplicar para paliar las pérdidas ocasionadas por la PPC. Pérdidas que durante los primeros seis meses del año han ascendido a 5.000 millones de pesetas, según informó recientemente COAG.
Ante esta suposición, Josep Albina cree que no sería este el caso ya que se han puesto en marcha otros mecanismos a nivel europeo al tratarse de una epizootia incorporada a la lista de enfermedades de declaración obligatoria. En estos casos, insiste, "existen mecanismos de funcionamiento establecidos". La responsabilidad y control de la peste porcina corresponden a las administraciones más cercanas, asegura el abogado Juan Ramón Hidalgo.
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