Castilla-La Mancha espera llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la ley del vino

En la Comisión Bilateral se ha fijado un calendario de cuatro reuniones donde se estudiarán los principales puntos de discrepancias entre ambas normas, sobre todo en lo que el Gobierno regional considera competencias exclusivas de la comunidad autónoma pero que son reguladas en la ley nacional. El objetivo es llegar a un acuerdo para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional, para cuya presentación existe un plazo hasta el 30 de marzo.

En concreto, Castilla-La Mancha considera que el Estado no puede dictar normas sobre las denominaciones de origen comprendidas en el territorio de una sola comunidad autónoma, ya que la competencia corresponde a la Administración regional, mientras que la Ley de vino nacional incluye disposiciones sobre esta materia.

Otro punto de discrepancia es la intención de la norma de estratificar obligatoriamente la categoría "vino de calidad producido en una región determinada", que supondría que las comunidades autónomas fueran dependientes del Estado en denominaciones de origen y se impediría la innovación en figuras de calidad que sirvieran para la identificación de los vinos.

La obligatoriedad de que existan órganos de gestión de las denominaciones de origen y el establecimiento de un régimen sancionado por parte del Estado son los otros dos puntos que son considerados inconstitucionales por el Gobierno de Castilla-La Mancha por invadir las competencias autonómicas.

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