Preguntas para un año de crisis

Con anterioridad a la aparición de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España sólo se oía hablar, curiosamente, del tema de la calidad, con conceptos tan interesantes como la "calidad global". Esto provocó el desarrollo y la aplicación de normas como las ISO 9000 que, a pesar de que el consumidor no conoce muy bien su significado, se incluyen incluso en las campañas publicitarias de numerosos productos.

Sin embargo, y después de creer que la calidad jugaba un papel importante, se ha hecho evidente el hecho de que debe garantizarse la seguridad antes que la calidad. Este principio, inicialmente lógico, no fue entendido por los consumidores, que ya habían asumido que los alimentos eran seguros por principio y que estaban sometidos a unos controles integrales rigurosos.

La consecuencia de todo esto es la aparición de problemas que no deberían haber aparecido, como el mal de las "vacas locas", que se ha convertido en el detonante de un problema de confianza dentro del sector de la alimentación en general y de la carne en particular. Fiebre aftosa y peste porcina clásica (PPC) han sido incluidos en el mismo "saco" por muchos de los consumidores, aunque no se trate de problemas de seguridad alimentaria sino de sanidad animal. También se han detectado a lo largo de este año problemas relacionados con residuos de antibióticos, dioxinas o benzopirenos.

Las autoridades españolas y la mayoría de nosotros tendemos a pensar que estos problemas no nos van a afectar y que el riesgo para la salud es mínimo. Sin embargo, tendríamos que intentar responder a la siguiente pregunta: ¿realmente no afecta a los consumidores? Probablemente desde el punto de vista sanitario no, pero sí desde el punto de vista de la seguridad.

Valoración de las principales crisis

El mal de las "vacas locas", la fiebre aftosa y la peste porcina clásica (PPC) son las tres enfermedades más graves que han aparecido en la Unión Europea (UE) en el último año. El inicio del problema del mal de las "vacas locas" está provocado, si aceptamos como buenas las explicaciones que damos los científicos y las que nos dan los responsables políticos, por la utilización de forma importante de harinas de origen animal contaminadas.

Para evitar la propagación de la enfermedad se legisló en la Unión Europea de manera explícita la prohibición del consumo de estas harinas para rumiantes. Esta prohibición se extendió al consumo de carne de vacuno, no sólo en el Reino Unido, donde aparecieron los primeros casos de la enfermedad, sino en el resto de Europa y probablemente del mundo. En este punto surge de nuevo la necesidad de plantear una nueva cuestión: ¿Ha servido de algo la normativa aprobada por los administradores públicos?

En cuanto a la fiebre aftosa, los responsables británicos desconocen aún cuál es el origen de la epizootia, aunque se han barajado diferentes posibilidades. Una de ellas se refiere a la utilización en la alimentación de cerdos de restos de comidas procedentes de restaurantes orientales o de líneas aéreas. El consumidor se preguntará quizás si esto se puede hacer. Existe una normativa explícita que sí lo permite siempre y cuando se traten los restos de manera que se asegure la inactivación de potenciales patógenos, como los virus responsables de la fiebre aftosa o de pestes. En este punto surge de nuevo la misma pregunta: ¿Ha servido de algo la normativa aprobada por los administradores públicos?

Más recientemente han aparecido en España brotes de peste porcina clásica (PPC), concretamente en la comarca barcelonesa de Osona, después de que la enfermedad afectara, durante el mes de abril de 2001, las explotaciones ganaderas leridanas. Uno de los argumentos que se dan para explicar la reaparición y transmisión de la enfermedad se refiere al movimiento de los animales sin control y de forma ilegal por toda la geografía comunitaria, desde algún país del Este hasta España. Aparentemente, era imposible realizar un control para evitar una situación como esta. Sin embargo, existe una normativa expresa que nos defiende de situaciones similares. De nuevo aparece la eterna pregunta: ¿Ha servido de algo la normativa aprobada por los administradores públicos?

La respuesta a todas las cuestiones planteadas es que, aparentemente, no han servido de nada. Entonces, podemos plantearnos para qué sirven las normas aprobadas. Quizás el problema está en que existe tal cantidad de normas que es difícil conocer incluso su existencia. Para evitar este problema, la Unión Europea ha procedido a modificar, como lección aprendida de la crisis, los criterios aprobados y se ha comprometido a crear normas únicas generales que puedan ser aplicables de forma eficaz.

La otra crisis

Por otra parte, la detección de benzopirenos, residuos químicos y sustancias químicas peligrosas de reconocido potencial tóxico, en aceite de orujo de oliva ha sembrado la alarma también entre los consumidores españoles. La presencia de estos residuos salió a la luz por un bloqueo de las autoridades sanitarias. No me compete a mí criticar cómo se pudo dar esta situación desde una perspectiva de los productores, pero si han de seguirse criterios de tipo técnico o científico está claro que si la vigilancia y la inspección detectan un peligro para la salud pública, la mejor medida para evitar peligros es la intervención y la limitación de mercancías potencialmente peligrosas.

Como consecuencia a todo esto, el consumidor no tiene que esperar que "papá estado", "mamá comunidad autónoma o ayuntamiento" vayan a estar detrás de cada producto que se vende en cualquier tienda. Son los productores los que producen y los que venden y son los que se responsabilizan de lo que hacen. Sin embargo, la Administración tendría que reconvertir sus cuerpos de inspectores en algo más operativo, con diferentes especialistas en diversos campos que puedan actuar a manera de ente diligente, con independencia, responsabilidad y conocimiento de lo que se hace y se recomienda.

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