La aparición de nuevos brotes de PPC enfrenta a ganaderos y administración

La epidemia de la peste porcina clásica (PPC) ha vuelto a provocar alarma entre el sector ganadero, especialmente el catalán. La confirmación de los tres nuevos brotes ha obligado a poner en marcha, una vez más, los sistemas de control y vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad, generando tensiones entre ganaderos y administración. Quince días después de que expiraran las medidas europeas establecidas para erradicar la enfermedad en las granjas leridanas, la Comisión Europea ordenó, a finales de la semana pasada, nuevas medidas que prohíben la exportación de cerdos vivos, esperma, óvulos y embriones de ganado porcino procedentes de Cataluña hasta el 31 de diciembre.

Esta medida, que afecta tanto a las exportaciones a otros Estados miembro como a las exportaciones dentro del territorio nacional, implica además el establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros alrededor de los tres focos detectados hasta el momento: la Caseta d'en Grau y la Parruca, en Calldetenes, y El Raurell, en Folgueroles, ambos municipios ubicados en la comarca de Osona.

Hasta la fecha, y desde la confirmación oficial del primer foco de la epidemia en Osona el pasado seis de diciembre, se han sacrificado unas 10.000 cabezas de ganado porcino en la citada comarca catalana que, después del Segrià, es la que cuenta con más cabezas de ganado porcino, cerca de un millón.

Dudas en los sistemas de control

La reaparición de la peste porcina clásica en explotaciones ganaderas catalanas ha motivado la reacción de las administraciones central y autónoma y del sector ganadero. Aunque se desconoce aún el origen de los nuevos brotes, se está a la espera de los resultados de la encuesta epidemiológica que realizan los servicios sanitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Dicho estudio determinará si el actual virus es el mismo que afectó a las granjas leridanas durante los meses de junio a septiembre y que obligó a sacrificar más de 71.000 animales en las comarcas leridanas. Josep Grau, consejero de Agricultura catalán, atribuye la responsabilidad del rebrote a la gestión llevada a cabo por los ganaderos catalanes. El responsable de Agricultura catalán ha asegurado que los controles establecidos por el DARP funcionan, pero fallan los mecanismos de autocontrol, que son los que se llevan a cabo desde las explotaciones y que deben tener en cuenta el transporte de los animales.

Ésta es una de las principales causas que Grau apunta como posible vía de contagio del nuevo brote. Sin embargo, y según declaraciones del presidente del sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), Josep Puigpelat, a la Cadena Ser, "el transporte de ganado se ha realizado porque no existe ninguna ley que lo prohíba". Desde el mismo sindicato han criticado la lentitud de las acciones que el Departamento de Agricultura catalán ha llevado a cabo para controlar este último brote. "La administración europea se ha adelantado a la administración catalana", asegura Puigpelat. Una de las solicitudes presentadas por UP a la consejería es la ampliación de los sacrificios de cerdos a todas las explotaciones que han recibido en los últimos quince días animales procedentes de las granjas de Osona ubicadas en la zona de tres kilómetros de protección marcada por el último brote. La medida afectaría a explotaciones leridanas del Segrià, Urgell y Les Garrigues y a granjas de las provincias de Huesca y Zaragoza.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) también ha criticado la gestión de la Generalitat catalana, y ha puesto en duda la eficacia de los controles sanitarios y de las medidas de bioseguridad de limpieza y desinfección de las explotaciones establecidas por el DARP.

"El mayor problema es que se hayan vacunado animales para evitar problemas y luego se hayan vendido, después del brote, a granjas que no hayan sufrido el problema", asegura José Juan Rodríguez Jerez, del Observatorio de Seguridad Alimentaria de la UAB. El experto asegura que la evolución normal de la epidemia es que, una vez que se ha controlado un brote, no aparezcan más casos. A su juicio, la repetición de brotes de forma sistemática quizás indica que no se siguen todos los requisitos, es decir, que los mecanismos de control no han sido los adecuados o que las medidas de bioseguridad no se han cumplido de forma estricta .

Extensión de la epidemia

Una de las comunidades más afectadas por la aparición de los nuevos brotes de peste porcina es la valenciana. La Consejería de Agricultura de la citada comunidad inmovilizó, el pasado 7 de diciembre, cinco granjas de cerdos, dos en la Vall d'Alba, en Castellón, y tres en Valencia. La medida de vigilancia y control se ha establecido, según han asegurado fuentes de la Consejería valenciana, después de comprobar que las explotaciones habían comprado cerdos en la comarca de Osona. Las medidas suponen la prohibición de entrada de ganado porcino procedente de Cataluña. De momento, y hasta fecha de ayer, aún no se conocían los resultados de los análisis efectuados en las muestras de sangre de los cerdos, que en principio no presentaban ningún síntoma. La Comunidad Valenciana ya sufrió las consecuencias del anterior brote de peste porcina aparecido en explotaciones leridanas, enfermedad que motivó entre julio y agosto el sacrificio de más de 59.000 cerdos.

Otra comunidad que también sufre las repercusiones del rebrote en Cataluña es Castilla y León. A día de hoy se han inmovilizado un total de 431 granjas, repartidas entre Segovia, Soria, Palencia, Ávila y Burgos. El motivo es la posible relación de los animales de estas granjas con el ganado porcino de la explotación de Calldetenes, en Cataluña. El primer brote de peste porcina clásica en Cataluña, a mediados de este año, obligó a inmovilizar a los animales de 80 explotaciones, sobre todo en Segovia y Zamora. La organización agraria Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en Castilla y León opina que ha existido una descoordinación entre las administraciones implicadas en la crisis y ha reclamado un mayor control en materia de normativa y de medidas sanitarias.

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