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El primer caso de encefalopatía espongiforme bovina comunicado oficialmente en España se declaró el 22 de noviembre de 2000. Cumplido el primer aniversario, el mal de las "vacas locas" continúa siendo una realidad y su evolución, a tenor de lo que indican las cifras, mantiene incógnitas por despejar. A fecha de hoy, los más de 70 casos comunicados pueden considerarse como una epidemia animal cuyo alcance deberá valorarse con cautela.
Desde el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) comunicado en España, en noviembre de 2000, la evolución de la enfermedad ha seguido un rumbo de difícil interpretación. El alcance previsto inicialmente para el mal de las ?vacas locas? fue reducido por las autoridades sanitarias a un nivel mínimo. Tanto, que cifró el número de casos necesarios para decertar un estado de epidemia animal en tan sólo 50 casos. En los primeros seis meses de evolución, superaba ya los 40 casos y, al año, se han sobrepasado los 70.
Las cifras, al contrario de lo previsto por la Administración española, han venido a confirmar los malos augurios que, en forma de previsiones, señalaba la Unión Europea para España. La UE destacó entonces que la EEB iba a ser un problema importante en el futuro en nuestro país. Hoy por hoy es difícil dar respuesta a esta previsión, entre otras razones porque nos encontramos tan solo al inicio de una evolución con escasos referentes y para la que se necesitan al menos 10 años para sacar conclusiones estadísticamente significativas.
Con independencia de lo que indiquen las cifras, se observa hoy en día un cierto olvido por parte de la opinión pública, probablemente preocupada por otras cuestiones de interés. Todo parece indicar que la sociedad ha asumido de algún modo la enfermedad y que sólo la presentación de casos humanos, si los hubiera, devolvería la epizootia al primer plano de la actualidad.
Análisis de los casos
En una primera aproximación al número de casos registrados y a las medidas implementadas para prevenir la extensión de la EEB (figura 1), podría parecer que Galicia, Castilla-León o Cantabria son las comunidades autónomas que más análisis realizan, siendo, por tanto, las que aparentemente van por delante en el control de la enfermedad. Pero este dato, tomado de forma independiente, es poco significativo. El valor hay que relacionarlo con el número de cabezas existentes en cada una de las comunidades autónomas. Si tenemos en cuenta estas cifras y calculamos el porcentaje de animales analizados, podemos apreciar cómo las comunidades que más análisis realizan en relación a su cabaña bovina continúan siendo Madrid y Canarias (22% y 17% respectivamente), seguidas por País Vasco (13%) y Galicia (10%). En el extremo contrario, Aragón aún no ha llegado al 1%.
Estos datos, ciertamente, podrían dar una idea no del todo precisa, debido a que la comparación, tal y como se hizo en la evaluación del problema publicado tras los primeros 6 meses de evolución, se ha hecho a partir del total de la cabaña. En el primer estudio, creímos que había que hacerlo así, puesto que no estaban claras las tendencias de cada una de las comunidades autónomas, ya que se sacrificaba sin necesidad de control a los animales de más de 30 meses.
La situación hoy ha cambiado, ya que a partir de julio de 2001 cualquier animal sacrificado con más de 24 o 30 meses de edad, dependiendo de la comunidad autónoma, o cualquier muerto en la granja, ha de ser analizado para la EEB. Consecuentemente, si comparamos el porcentaje de animales analizados de más de 24 meses, podremos observar que son Madrid, Murcia, Canarias y País Vasco las que llegan a superar el 20% del total de su cabaña, mientras que sorprende que en Extremadura, una comunidad en la que el 90% de su cabaña es mayor de 24 meses, tan sólo se ha analizado el 1,9%.
Una posible justificación que explicara los resultados podría ser la disminución de la demanda. En general, hay que considerar que el sacrificio de animales mayores de 24 o 30 meses depende de forma directa de la demanda de los consumidores. Durante todo este año la demanda se ha mantenido por debajo de lo habitual hasta después del verano.
Por otra parte, no hay que olvidar que el número de animales positivos también va a depender de la capacidad de sacrificio de los mataderos con actividad en una comunidad. Si una determinada región no tiene matadero, los animales irán a sacrificio a otras áreas geográficas, por lo que podrían aparecer casos importados. Este punto no ha sido señalado hasta ahora por las autoridades, por lo que no podemos saber si se está dando. En consecuencia, se deberían seguir los casos concretos por la explotación de procedencia, no por el matadero donde se haya localizado.
Por supuesto, la aparición de los casos positivos va a estar muy relacionada con la edad de la cabaña y, especialmente, con el número de vacas lecheras (figura 2). En nuestro país, la mayor parte de la producción de carne se basa en terneros (bovino menor de 12 meses), mientras que la producción de leche se obtiene de animales con varios años. Dado que la enfermedad se observa en animales de más de 30 meses, la probabilidad de apreciar reses enfermas será superior en zonas donde predomine la producción de leche. En este caso, sigue llamando la atención Cantabria, ya que con una cabaña importante sólo se ha detectado un positivo. Si esta tendencia se sigue manteniendo con el tiempo, querría confirmar que el nivel de fraude en la alimentación del ganado cántabro con harinas cárnicas ha sido mínimo.
No obstante, estos resultados pueden ser criticados, ya que se estudia la cabaña pero no se tiene en consideración un parámetro importante como es la demanda de los consumidores. Según diversos indicadores, la demanda parece estar recuperándose sin que el número de casos se haya disparado como se esperaba. Una justificación podría ser que si se ha procedido a un sacrificio masivo de los animales de mayor edad, y se ha eliminado la mayor parte de los afectados, la importancia del problema, desde un punto de vista de salud pública, habrá disminuido y se habrá asegurado que los animales enfermos no llegarán al consumidor.
La eliminación de animales sin control previo supone un quebradero de cabeza desde el punto de vista epidemiológico, aunque la medida pueda finalmente haber conseguido reducir el peligro de transmisión de la EEB. En cualquier caso, va a ser fundamental esperar más tiempo para conocer la evolución real y comprobar la efectividad de las medidas.
Si con estos datos consideramos las comunidades con casos confirmados, vemos que existen grandes diferencias (figura 3).
La mayoría de los casos se han presentado en Galicia, seguida por Castilla-León, Asturias, Baleares, Navarra, Cataluña y Extremadura. Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco han identificado un sólo caso. Sin embargo, las comunidades con mayores prevalencias del problema continúan siendo Baleares (283 animales analizados para obtener un caso positivo) y Navarra (594 análisis/caso). El número de análisis medio para obtener un positivo, a escala nacional, ha aumentado de los 2.178 en el primer semestre a los 3.572 actuales, aunque destacan Cantabria y el País Vasco, ya que con 26.607 y 23.386 animales por cada caso, son las que presentan una menor prevalencia de entre las comunidades con casos positivos.
Al mismo tiempo, aún hay comunidades autónomas en las que no se ha descrito ningún caso positivo. Éstas son: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja y Madrid. De éstas, las que han realizado un mayor número de análisis relativos han sido Madrid (43,42% de los animales mayores de 24 meses), Canarias (25,47%), Comunidad Valenciana (11,39%) y el resto con menos del 6%. En estas últimas comunidades, Andalucía tiene un 58% de su cabaña mayor de 24 meses y La Rioja un 48%, mientras que Aragón tan sólo el 15%. En consecuencia, habría que esperar a que el número de análisis realizados por Andalucía y La Rioja aumenten a fin de poder establecer comparaciones fiables con otras comunidades con proporciones similares de animales mayores de 24 meses como la Valenciana (37%), Asturias (65%), Cantabria (54%), Castilla y León (63%), Castilla-La Mancha (49%), Navarra (50%) o el País Vasco (60%).
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