Acaba la subvención para la eliminación de las harinas cárnicas

El uso de harinas cárnicas procedentes ganado no rumiante (porcino y aves) para alimentación animal se prohibió en Europa en diciembre de 2000. Anteriormente, en 1994, se habían prohibido las harinas extraídas de rumiantes. Con ambas medidas la Unión Europea cerraba el ciclo de posibles vías de contaminación de EEB y establecía las medidas de protección contra esta epizootia y la utilización de proteínas animales en la alimentación animal.

La extensión de las medidas a los sectores porcino y aviar fue adoptada "más como medida de control", explica Miguel Huerta, secretario general de AICE (Asociación de Industrias de Carne de España) y cosecretario de CONFECARNE. En su opinión, en ese momento había dificultades para separar unas harinas de otras, eliminándose el posible riesgo de contaminación en las tolvas de producción.

Para paliar el coste, los gobiernos de los países de la Unión Europea decidieron subvencionar el coste asociado a la eliminación de las harinas cárnicas. En España el precio a pagar se estableció entre 40 y 43 pesetas por kilo, carga económica que se repartió de forma equitativa entre el Ministerio de Agricultura y las consejerías de agricultura de las diferentes comunidades autónomas.

Las consecuencias

Los mataderos son las empresas donde se originan los residuos animales que hasta ese momento se transformaban en harinas cárnicas. Para evaluar el impacto en el sector de la retirada de la subvención para la eliminación de las harinas cárnicas, CONFECARNE ha realizado un estudio a partir de un centenar de mataderos que sacrifican anualmente 20 de los 30 millones de cabezas de porcino.

En sus conclusiones refleja que las repercusiones económicas supondrían unos costes añadidos que no todas las empresas podrán asumir. La pérdida de ingresos en el sector se ha calculado en 3.400 millones de pesetas, cifra a la que se sumarían algo más de 11.000 millones de pesetas en concepto de eliminación del producto.

Hasta la prohibición, los productos y residuos perecederos obtenidos en el matadero tras matar a los animales eran "transformados en harina, producto que tenía una salida al mercado al incorporarse en los piensos como fuente de proteínas en un pequeño porcentaje, menos del 10%", explica Huerta. Tras la prohibición, este material se convirtió en un producto sin valor ni utilidad, "pero se decidió continuar produciendo harinas".

Cada año se estima que se producen cerca de 430.000 toneladas de residuos, un producto perecedero que debe recibir algún tipo de tratamiento. Es por esta razón que se continuó con la producción de harinas, en este caso para su eliminación. El coste de esta operación fue asumido por el Ministerio de Agricultura y por las comunidades autónomas, pero las ayudas tenían como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2001.

En conclusión, según el estudio de CONFECARNE, las ayudas deben prorrogarse o buscar un consenso, ya que de acabarse supondrían un coste que, en muchos casos, supera las cuentas de resultados de las empresas. Miguel Huerta insiste que la ausencia de subvenciones representa un coste "inasumible" para las empresas (mataderos), que "generará una fuerte tensión sectorial con un grave peligro de ruptura en la unidad de mercado", así como una distorsión en el comercio de productos. Es decir, la compensación si no hay subvención, podría repercutir en el sector ganadero porque se pague menos por cabeza de animal criado o quizás el sector de la distribución de carne, algo más difícil según Huerta dado la fuerte posición de este sector. En tal caso implicaría un aumento para el consumidor del precio de la carne en el mercado.

Modelo de gestión consensuado

Ante la ausencia de subvención, comenta Miguel Huerta, se hace más necesaria la instauración de un modelo único de gestión de las harinas cárnicas a nivel estatal para evitar la ruptura de la unidad de mercado y generar distorsiones en el caso de que el pago de subvención al no realizarlo el Ministerio llegue a través de las comunidades autónomas. Es decir, podría darse que en una comunidad se subvencionase con más dinero que en otra.

A esta polémica se añaden las conclusiones de un estudio realizado por la Comisión Europea sobre los costes de la eliminación o transformación de los subproductos animales en los diferentes estados miembros. El estudio revelaba que la capacidad de eliminación de estos materiales es de algo más de un millón de toneladas, un 46% por debajo de lo necesario. El comisario europeo para la Salud y Protección del consumidor, David Byrne, explicó que la eliminación de harinas varía mucho según cada país. También apuntaba su preocupación por el posible empleo de métodos ilegales de almacenamiento o destrucción de estos materiales e incluso su exportación por la carencia de alternativas ante el problema de capacidad de almacenamiento.

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