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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cataluña a cinco personas acusadas de adulterar 5.000 toneladas de pienso que iban destinadas al engorde ilegal de ganado y éste al consumo humano. A pesar de que la empresa estaba autorizada para la comercialización de principios activos empleados en aditivos alimentarios, no lo estaba para elaborar medicamentos.
La red, que trabajaba a través de la empresa Probinter, ubicada en Barcelona, se dedicaba a elaborar medicamentos veterinarios no autorizados y los distribuía de manera clandestina. El producto adulterado facilitaba así el engorde ilegal del ganado. Las inspecciones de la policía autonómica han encontrado sacos etiquetados como edulcorante y botellas de vitaminas orales que en realidad contenían antibióticos. Los traficantes mezclaban estos medicamentos, la amoxifilina o la enrofloxacina, con los piensos de los animales en la fábrica Cereales y Piensos del Gironès, situada en la población gerundense de Vilademús.
El producto elaborado en esta fábrica se comercializaba a empresas del sector no sólo en Cataluña sino también en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana, donde los departamentos de Agricultura de cada una de ellas deberán realizar los controles correspondientes. La policía catalana ha asegurado que por cada kilogramo de medicamento en polvo se podían llegar a adulterar 500 kilos de pienso. Por todo ello, los trabajadores de la empresa, entre ellos un ganador y el responsable del almacén de piensos, han sido acusados de un delito contra la salud pública.
Los medicamentos, que tenían funciones curativas, iban destinados a ganado porcino sano, lo que provocaba que los efectos de los medicamentos les provocara un efecto de engorde de forma ilegal. A pesar de que la ingesta de este tipo de carne tiene escasos efectos secundarios sobre la salud de las personas, sí debilita la inmunidad del organismo, afirman la policía autonómica. Los trabajos que ha desarrollado hasta ahora han permitido conocer que los medicamentos ilegales han sido comprados por 14 instalaciones del sector situadas en diversas ciudades y comunidades autónomas, informa El País.
Muchas de las instalaciones, que podían ser granjas, fábricas de piensos, explotaciones ganaderas, una comercial de productos veterinarios y un de productos zoosanitarios, no disponían, en el registro, de las recetas veterinarias que justificasen el uso de los medicamentos. Esto impedía que los controles administrativos detectaran la práctica ilegal, cuyos principios genéricos se importaban desde China.
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