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EEUU ha presentado durante este año dos leyes para prevenir posibles actos terroristas. Una de ellas es la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo (Bioact), firmada el pasado 12 de junio con el fin de proteger el suministro de alimentos y medicinas y regular los agentes biológicos y toxinas.
Esta Ley prevé una inversión de 545 millones de dólares para mejorar los controles del suministro de alimentos, reforzando así la presencia de inspectores y medios materiales capaces de detectar adulteraciones en los alimentos. Los responsables de estos controles serán la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, en sus siglas inglesas) y el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).
A la FDA le compete la obligación de detener cualquier envío de alimentos cuando exista "evidencia creíble" de que puede suponer un riesgo para personas o animales. Además, la Ley requiere que todos los establecimientos, nacionales o extranjeros, que transformen, procesen, envasen o almacenen alimentos con destino a los EEUU estén registrados a la FDA.
La Ley requiere además que los importadores notifiquen los envíos con una antelación mínima de cinco días, que debe contener datos como el tipo de artículo, fabricante y exportador, agricultor, país de origen, país desde que el que se hace el envío y el puerto de entrada.
En definitiva, la Ley pretende dotar de mayor carga burocrática los agentes involucrados en el comercio exterior con destino a EEUU, algo que debe incrementar también la discrecionalidad de las autoridades de control.
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