La FAO solicita fondos para luchar contra la pesca ilegal

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha pedido a los países donantes un millón de dólares para ayudar a las naciones en desarrollo a negar el acceso a sus puertos a los barcos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (también denominada pesca INDNR). Este dinero se usará para financiar un proyecto de la FAO lanzado en 2005, cuando la organización de la ONU desarrolló un modelo para fortalecer las medidas contra ese tipo de pesca.

Estas medidas incluyen actividades como las inspecciones de documentación, capturas y aparejos cuando los barcos atracan para cargar combustible o suministros o descargar el pescado, o solicitar a las embarcaciones que informen de su actividad antes de entrar en puerto. Cuando se detecte que una nave ha estado involucrada en la pesca ilegal se le puede negar el derecho a atracar, con un perjuicio económico considerable para los armadores. Estas medidas se encuentran entre las más eficaces para prevenir la importación, el trasvase o el blanqueo de pescado capturado ilícitamente.

"En los países en desarrollo, la pesca juega un papel crucial para reforzar la seguridad alimentaria de las familias, mejorar la nutrición y proporcionar ingresos. A causa de la subida de los precios alimentarios a nivel mundial y la creciente preocupación por la conservación de determinadas poblaciones de peces silvestres, hay más motivos que nunca para impedir que la pesca ilegal afecte a estas comunidades", señaló el Subdirector General de Pesca de la FAO, Ichiro Nomura.

La pesca INDNR es especialmente problemática en los países en desarrollo, en donde la escasez de fondos y experiencia implican que el control de las actividades pesqueras en aguas costeras sea a menudo laxo y los controles portuarios insuficientes. Los pescadores ilegales operan en estas naciones porque encuentran allí puntos de entrada adecuados para sus capturas ilícitas. "Estos países necesitan conocer las prácticas más avanzadas, formación para sus funcionarios y establecer mejores líneas de comunicación a nivel regional para compartir información sobre los transgresores y armonizar sus acciones", explicó Nomura.

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