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Es necesario mejorar la gestión del agua disponible, tanto subterránea como superficial
Un 10% de las 800.000 hectáreas de regadío que se calcula existen en la cuenca del Guadalquivir son ilegales, pues carecen del correspondiente derecho de agua, según subrayó ayer el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Javier Serrano.
Serrano, quien intervino en unas jornadas sobre los recursos hídricos de Andalucía, organizadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos andaluz, subrayó que una de las prioridades de la CHG es precisamente actualizar los derechos de riego concedidos en esta cuenca y estudiar la extensión real de los regadíos para mejorar la gestión del agua disponible, tanto subterránea como superficial.
Este mejor conocimiento de la oferta y la demanda reales de agua -iniciativa emprendida por la CHG mediante el denominado «Plan Alberca»- resulta crucial para esta cuenca, cuyo déficit hídrico se cifra en unos 250 hectómetros cúbicos. Respecto a las últimas lluvias y nevadas caídas esta semana en Andalucía, Serrano recordó que los embalses de regulación general -los dedicados al regadío- no han llegado aún a completar el 29% de su capacidad por lo que destacó que sigue sin poderse garantizar un riego normal y que lo único que se puede garantizar son riegos «bastante deficitarios».
En estas jornadas intervino también el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, Alberto Losada Villasante, quien advirtió de que la eficacia del riego agrícola no depende tanto del sistema empleado como de una gestión eficaz del agua utilizada.
Recordó, en este sentido, que la eficacia del regadío depende de la uniformidad del riego en el cultivo, lo que se obtiene gracias a un uso adecuado de la cantidad, la duración y el momento del riego, y no sólo por el sistema empleado. En su opinión, una adecuada gestión de regadío convierte en más eficaz un modelo tradicional de riego por inundación que modernos sistemas de riego por goteo, entre otras cuestiones, porque un exceso de agua puede mermar la producción de un cultivo tanto o más que la escasez de agua.
Losada Villasante opinó que la política hidrológica basada en una oferta ilimitada y en grandes infraestructuras hidráulicas «ya forma parte del pasado» y advirtió a los agricultores de que el aumento de la demanda de agua para usos no agrícolas, como la industria o los servicios, la convierte en un bien escaso y cada vez más codiciado. Con todo, abogó por que se ayude a los agricultores para evitar que las restricciones o el encarecimiento del regadío puedan llegar a convertir España «en un país con mucha agua pero sin agricultura».
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