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Uno de los objetivos es potenciar la transparencia informativa y protección de los consumidores frente a los posibles riesgos asociados al consumo de alimentos
La norma parte de tres ejes centrales. Por un lado, se pretende reforzar el control por parte de la Administración, así como mejorar la coordinación y la transparencia informativa hacia los consumidores. Además se establece la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Andalucía.
De acuerdo con los nuevos enfoques de control sanitario de los alimentos, la futura Ley implantará un sistema de trazabilidad para disponer de toda la información relativa al proceso que sigue un producto desde que es una materia prima hasta que llega a la mesa del consumidor. Una de las novedades es que se exigirá a las empresas que garanticen la trazabilidad interna, es decir, no sólo a quién ha comprado y vendido un producto, sino también los pasos seguidos dentro de la propia empresa.
Las empresas estarán obligadas además a adoptar sistemas de autocontrol para asegurarse que los productos bajo su responsabilidad cumplen todos los requisitos necesarios. En caso de detectar cualquier problema, estarán obligadas a retirar el producto de forma inmediata, comunicar la alerta a las autoridades, prestar su colaboración en las medidas que se adopten e informar a los consumidores.
El anteproyecto de Ley establece además la creación del denominado Sistema de Intercambio Rápido de Información Alimentaria y de la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, encargada de garantizar la información pública sobre la alerta, sus consecuencias y las medidas que se van a adoptar. Esta agencia será asesorada por el Comité Científico y Técnico y el Consejo Asesor.
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