Organizaciones agrarias y ecologistas muestran al Gobierno su preocupación por los transgénicos

Desde 1998, en España se siembran cada año miles de hectáreas de maíz modificado genéticamente «cuyo cultivo se realiza en unas condiciones técnicas, administrativas y legales insatisfactorias, sobresaliendo la absoluta ausencia de regulación de la responsabilidad en caso de problemas y la falta de medidas para impedir las contaminaciones», denuncian en la misiva las organizaciones, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), entre otras.

Dadas las grandes incertidumbres sobre la seguridad de los alimentos transgénicos para la salud humana y animal y teniendo en cuenta los impactos cada vez más evidentes sobre el medio ambiente, esta coalición de organizaciones considera que el Gobierno debería adoptar una posición más precavida que proteja a la agricultura y a los consumidores.

En concreto, consideran imprescindible que el Ejecutivo tenga en cuenta «el rechazo mayoritario de la sociedad»; tome las medidas oportunas para «prohibir el cultivo de transgénicos mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de OGM y se solventen las numerosas lagunas legales»; muestre una clara intención de establecer un régimen que permita segregar la producción modificada de la convencional y la ecológica, y lleve a cabo una trazabilidad y un etiquetado que garanticen libertad de elección a agricultores y consumidores.

Asimismo, piden el establecimiento de medidas que garanticen la no contaminación de la producción agraria no transgénica, permitiendo una agricultura y una alimentación totalmente libres de OMG; un régimen de responsabilidad en caso de problemas ocasionados por estos organismos, y que se retire del mercado la cosecha del maíz BT-176 de este año.

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