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Unas 1.100 millones de personas en todo el mundo no disponen de acceso al agua potable. En la primera mitad del siglo XXI, los problemas relacionados con el agua afectarán a casi todos los habitantes del planeta, según la organización Manos Unidas y con motivo, ayer, del Día Mundial del Agua.
El Séptimo Objetivo del Milenio pretende, para el año 2015, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable. Esto supondría dotar a 1.500 millones de personas (1.100 millones de ellos en las zonas urbanas y 500 millones en las áreas rurales) de acceso al agua potable y a cerca de 2.000 millones de servicios básicos de saneamiento. Según Naciones Unidas, nos enfrentamos a una "grave crisis del agua" de la que deriva una trágica consecuencia: el impacto negativo que produce en la vida cotidiana de las naciones más pobres, que padecen el efecto de las enfermedades relacionadas con su carencia.
Según la organización, en la Tierra hay unos 12.000 km3 de agua contaminada, y un tercio de la superficie terrestre está amenazada por la desertización, que afecta a más de 250 millones de personas. Por ello, Manos Unidas exhorta a las instituciones y organismos nacionales y supranacionales a asumir y cumplir los Objetivos del Milenio y a defender la consideración del agua como un bien común y el acceso a este recurso como un derecho público.
Gestión del agua
Por otro lado, en el Día Mundial del Agura, WWF/Adena insiste en que dos terceras partes de los países europeos analizados por esta organización, en su informe "Índice de Agua y Humedales", no gestionan este recurso de forma eficiente. Los datos del estudio abordan la política hídrica de 23 países y sitúan Finlandia, Suiza y Bélgica entre los mejores puestos, mientras que España, Grecia e Italia figuran entre los peor ubicados.
Sobre los instrumentos utilizados para controlar la demanda, el informe concluye que existen muchas leyes y a menudo de buena calidad, pero su aplicación real es muy deficiente. En conclusión, el estudio de WWF/Adena sostiene que las actuales políticas no aseguran el buen estado ecológico y químico de las aguas que la nueva Directiva Marco de Agua (2000) exige que se alcance para 2015.
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